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Redes, acciones colectivas y tecnologías digitales en el emprendimiento social

La innovación social depende de los esfuerzos individuales de los ciudadanos pero también de estrategias colectivas. En este artículo revisamos dos recientes reportes de la organización Ashoka y de la fundación Schwab que analizan el impacto del emprendimiento social en la solución de problemas globales.

 

Serie Jóvenes e Innovación Social Digital (artículo 3 de 8)

 

Dos organizaciones son referentes al momento de explorar el impacto del emprendimiento social en el mundo: la organización Ashoka y la fundación Schwab. Ambas comparten varias características. Tanto Ashoka como Schwab tienen como objetivo la solución de problemas globales y sistémicos relacionados con la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación, los servicios de salud y el deterioro del medioambiente; promueven la innovación social y la competitividad económica como métodos para obtener cambios sociales estructurales; operan como puentes entre los emprendedores con líderes políticos, financistas privados y los medios de comunicación y, por último, ambas suelen difundir sus evaluaciones de impacto a través de reportes periódicos.

 

La organización Ashoka es la que tiene una trayectoria más larga. Fue fundada en 1980 por el emprendedor y filántropo estadounidense Bill Drayton y actualmente cuenta con más de cuatro mil socios en 95 países. Drayton es reconocido como uno de los grandes promotores del concepto de emprendimiento social y, además, desarrolló una teoría para el cambio sistémico que entroniza la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos. Esta estrategia se sintetiza en el eslogan de su organización que, además, es una marca registrada: “Everyone a Changemaker” (todos un agente del cambio). Sólo en Colombia, esta organización ha seleccionado a 69 emprendedores sociales para formar parte de su red y gestiona ocho escuelas transformadoras que se dedican a promover habilidades como la empatía, el trabajo en equipo o el liderazgo colaborativo.

 

Entre los socios colombianos de Ashoka está la Fundación Juanfe, una organización fundada el 2001 en Cartagena y que hoy también tiene operaciones en Medellín, Panamá, Chile, Estados Unidos y España. El objetivo de esta organización es romper los ciclos de pobreza en el que caen las madres adolescentes a través de tres ejes: provisión de servicios de salud, educación de calidad y vinculación al mercado laboral. Gracias a este trabajo, la Fundación Juanfe ha ganado varios premios sobre innovación y prevención de la violencia de género.

 

Por otra parte, la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social fue fundada por Klaus e Hilde Schwab en 1998. Ambos, en los años setenta, fueron miembros fundadores del actual Foro Económico Mundial (FEM). La Fundación Schawb tiene sede en Ginebra (Suiza) y desde sus orígenes funciona como una plataforma para conectar a los emprendedores sociales con los líderes mundiales del FEM. La fundación opera hoy en más de 190 países y apoya a casi 400 organismos de emprendimiento e innovación social. Según los cálculos de este organismo, las organizaciones que están afiliadas a su red han mejorado las condiciones de vida de 722 millones de personas desde sus respectivos orígenes.

 

En este artículo, que forma parte del proyecto Jóvenes e Innovación Social Digital, resumimos algunas estrategias que promueven estas dos grandes organizaciones dedicadas al emprendimiento social, revisaremos sus últimas cifras de impacto de cara la pandemia del COVID-19 y examinaremos qué rol cumplen los jóvenes y las tecnologías digitales en el desarrollo de la innovación social.

 

Entre lo individual y lo colectivo

 

En su último estudio, publicado este 2022, la organización Ashoka usó varios métodos, entre cuantitativos y cualitativos, para investigar en qué áreas de trabajo operan los emprendedores sociales y qué estrategias adoptan para llevar adelante sus proyectos. Una encuesta, respondida por 817 socios de 80 países, muestra que los campos en los que se mueven los emprendedores sociales son, principalmente, educación (23%), desarrollo económico (17%), salud (17%), clima y medioambiente (12%) y derechos humanos (12%). Respecto a las estrategias que usan los emprendedores sociales, el reporte de Ashoka resalta tres tipos de acciones que inciden en la responsabilidad individual, la colaboración en red y los sistemas de políticas públicas.

 

Sobre las acciones individuales, la organización señala que los emprendedores sociales juegan un rol de inspiradores o modelos para la sociedad. Esto debido a que crean oportunidades para los ciudadanos a través de empleos y voluntariados en los que, muchas veces, los jóvenes tienen un papel protagónico. Asimismo, los emprendedores sociales alientan la confianza en las capacidades individuales y redefinen las debilidades como fortalezas. El reporte resalta, por ejemplo, el caso de Youth Empowering Parents, un programa en el que los jóvenes aprovechan sus conocimientos digitales para dar tutorías a adultos en temas como enseñanza de inglés, habilidades computacionales, alfabetización en el uso de celulares, educación financiera y búsqueda de empleo. Este emprendimiento social usa una metodología llamada “tutoría reversa” debido a que los jóvenes no son vistos como una población inexperta, sino como proveedores especializados de servicios.

 

El estudio de Ashoka también enfatiza que la acción individual de los emprendimientos sociales resulta insuficiente si no va acompañada de acciones colectivas. Por ello, resalta el papel de los emprendedores sociales en la multiplicación de nuevas asociaciones (sobre todo con organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y universidades) así como en la creación de espacios de comunicación comunitaria. Este trabajo colectivo también comprende la búsqueda de reformas políticas y comerciales de gran escala. Como vimos en un artículo anterior, en julio de este año se promulgó la Ley 2234 que promueve en Colombia una política nacional de emprendimiento social. Esta normativa venía siendo exigida por los emprendedores sociales desde hace años para garantizar su reconocimiento por parte del gobierno y del sector privado.

 

Ahora bien, el documento de Ashoka también alerta que la capacidad de los emprendimientos sociales de incidir en varias áreas ha sido afectada debido a la pandemia del COVID-19. El estudio muestra una reducción en los cambios normativos favorables al emprendimiento social, en la investigación para la toma de decisiones y en la representación de poblaciones marginalizadas. Todo esto durante el 2021 con respecto a una evaluación anterior del 2018.

 

Redes y tecnología

 

La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social también publicó este año un documento en el que evalúa el impacto de 77 innovadores sociales premiados por su organización entre el 2019 y el 2022. Sumando esta última evaluación a un reporte de impacto del 2020, la fundación Schwab llega a la cifra de 722 millones de personas que habrían mejorado sus condiciones de vida gracias al trabajo de las organizaciones que están afiliadas a su red. Los sectores en los que trabajan los emprendedores sociales reconocidos por Schwab son parecidos a los de Ashoka: cuidados sanitarios y bienestar, cuidados infantiles, inclusión financiera, apoyo a migrantes y refugiados y empoderamiento femenino.

 

La fundación también reconoce el poder de lo colectivo para el emprendimiento social por lo que recurre al concepto de ecosistema de innovación para explicar las acciones comunitarias que están transformando a la sociedad. “En el contexto actual, es claro que ninguna organización o individuo puede lograr un cambio social significativo por sí solo. Y, como una unidad, la comunidad actúa como una poderosa voz colectiva para promover el impacto social”, señala el organismo internacional en su reporte.

 

¿Qué acciones toman los emprendedores sociales para generar un ecosistema de innovación? La fundación reseña tres ejes: el desarrollo de redes globales y locales de innovadores sociales, la búsqueda de modelos de financiamiento más inclusivos y la emergencia de nuevos líderes que aceleran los procesos de movilización social. Respecto a la creación de redes, la fundación Schwab resalta el caso de iniciativas como Health Innovation Exchange, una organización que conecta a inversores, mercados, e investigadores para implementar innovaciones que mejoren los servicios de salud, sobre todo en los países del llamado Sur Global. Entre estas innovaciones hay tecnologías de análisis del habla para el diagnóstico de enfermedades, nuevas fórmulas para desarrollar repelentes de insectos y drones especializados en el transporte de materiales médicos.

 

La fundación Schwab también resalta que al menos 70 innovadores sociales de su red usan la tecnología para mejorar la profundidad y el alcance de sus soluciones. La mayor parte de ellos explora, por ejemplo, las posibilidades de las tecnologías móviles para realizar intervenciones en entornos de pocos recursos. Otros emprendimientos, como Laboratoria, aprovechan la capacitación en tecnología para cerrar las brechas de empleabilidad de las mujeres latinoamericanas. Entre los servicios de Laboratoria está un bootcamp de seis meses en el que las estudiantes se perfeccionan como desarrolladoras web o diseñadoras UX. “Las estudiantes no pagan nada durante el programa y, después de conseguir un trabajo, devuelven una cantidad subsidiada en cuotas mensuales para que otras mujeres puedan tener la misma oportunidad”, explica esta organización en su web*.

 

También hay un porcentaje menor de emprendedores sociales que usa Big Data e inteligencia artificial para transformar las comunidades. En el documento de Schwab se destaca el caso del Centre for Policing Equity, una organización de orígenes universitarios que recopila y analiza datos relacionados con las intervenciones policiales para diagnosticar si hay disparidades y sesgos que afectan a comunidades afroamericanas. Hace un año, en septiembre del 2021, este centro lanzó una plataforma digital interactiva llamada “Justice Navigator” que permite visualizar los datos analizados. El objetivo es que a través de estas herramientas se rediseñen las políticas de seguridad pública en los Estados Unidos y se detengan los casos de abuso policial contra poblaciones racializadas.

 

* El caso de Laboratoria no es mencionado en el reporte «Transforming through Trust: How social innovators are transforming the lives of 722 million» (2022) de la Fundación Schwab.

 

¿Cuáles son los retos en ciencia, tecnología e innovación del gobierno Petro?

Durante los últimos años el país ha tenido importantes avances en la discusión y desarrollo de políticas de ciencia y tecnología. Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2019 y la hoja de ruta trazada con las recomendaciones generadas por la Misión de Sabios, el país pudo comenzar a pensar la construcción de una política a largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación.

La llegada de un nuevo gobierno que propone un discurso de marcada ruptura con el anterior ha planteado profundas discusiones sobre el papel de la ciencia en el desarrollo económico y social del país. Sin duda, Colombia debe trabajar en la consolidación de un sector muy joven pero de vital importancia para el futuro del país, lo que implica afrontar innumerables retos, algunos de los cuales menciono a continuación.

-Aumento del presupuesto destinado al sector

Desde el inicio, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se encontró supeditada al presupuesto que manejaba Colciencias. En los países de la OCDE los montos destinados a ciencia están cerca del 2.5% del PIB, mientras que en Colombia la inversión en ciencia apenas es del 0.8%. A través de la Misión de Sabios, la comunidad científica del país ha llamado a que el presupuesto asignado al sector sea de mínimo el 1%, sin que hasta el momento esto sea una realidad para el país.

Ahora bien, conforme a las alertas establecidas en la comisión de empalme, el Ministerio se enfrenta con una reducción del presupuesto asignado para el 2023. De acuerdo a los topes establecidos por el Ministerio de Hacienda y crédito público para el funcionamiento de la entidad el próximo año, el Minciencias tendría un total de recursos asignado de 299.836 millones, esto corresponde a un 37.42% menos del total de recursos asignados a la entidad con relación a 2021 y un 10.23% menos del total de recursos asignados al ministerio con relación a 2022. Esto es sumamente grave pues, de acuerdo con las estimaciones del mismo Ministerio, el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento de la entidad sería de 698.365 millones.

Por otra parte, es fundamental que el gobierno nacional se concentre en tomar medidas que permitan construir sobre lo avanzado en materia de financiación. En el texto presentado en la nueva reforma tributaria prácticamente se eliminan los beneficios tributarios de CyT, lo que implica un grave retroceso si se tiene en cuenta que es la principal fuente de financiación de CTI en la actualidad. Es importante resaltar que uno de los principales aliados del gobierno en materia de financiación en ciencia ha sido el sector privado, lo que implica la necesidad de mantener y promover una mayor divulgación sobre figuras como los beneficios tributarios para el fomento efectivo de esta clase de actividades en el país.

-La ciencia tiene que llegar a las regiones, tiene que escuchar voces diferentes y tiene que salir solamente de una discusión académica. 

Históricamente, el país ha venido concentrando sus capacidades de infraestructura, desarrollo social, y de ciencia y tecnología en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla), que concentran más del 70% de las universidades, investigadores, producción científica, etc. Dentro de los retos que enfrenta el Ministerio será fundamental garantizar la descentralización del conocimiento, ya que su producción y  beneficio se ha centrado sólo en ciertos lugares, lo que ha generado claras diferencias de bienestar, oportunidades y calidad de vida para las comunidades.

Es fundamental que haya un esfuerzo desde el Ministerio por consolidar una política de ciencia y tecnología también en las regiones y en los territorios. Con la reforma al Sistema General de Regalías del año 2019, reglamentada por la Ley 2056 de 2020, se incrementó de un 9,5% a 10%, los recursos destinados a Ciencia y Tecnología en el país. Sin embargo, los incrementos generados no han sido suficientes para superar el rezago del sector de ciencia y tecnología en las regiones. Al respecto es importante destacar que la Misión de Sabios recomendó un incremento en la distribución para CTel del 10 al 25%.

 

-Mayor cercanía de la ciencia con el ciudadano

Por otra parte, el país debe ser capaz de generar una conversación pública sobre la importancia de la CTel en la cual todos los colombianos, de distintos sectores y regiones, se sientan partícipes. Además, se requiere una política de comunicación y divulgación de ciencia que le permita al ciudadano reconocer el papel que tiene la ciencia en su vida cotidiana y fomente el interés de nuevas generaciones en la ciencia. Por ejemplo, a través del fortalecimiento y financiamiento de museos y centros de ciencia en el país.

Ahora bien, en muchos casos la producción de conocimiento del país no se encuentra alineada con las problemáticas que le afectan de manera profunda, lo que ha limitado su capacidad de generar valor social. Es por ello que propiciar una conversación más abierta con el ciudadano puede nutrir las preguntas de investigación para hacer una ciencia más cercana a los desafíos sociales y ambientales de los territorios.

-Desarrollo de sinergias y transferencia del conocimiento

Para el 2021, el Ministerio reconoció cerca de 51 actores en todo el país dentro del SNCTI, de los cuales hacen parte centros de investigación, unidades empresariales de I+D+i, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Centros de ciencia, empresas, entre otros. Sin embargo, aún persisten problemas para generar alianzas entre actores del sistema así como con otro tipo de entidades que, aunque no desarrollan actividades propiamente científicas, resultan relevantes para la consolidación de una política de ciencia e innovación en el país.

De igual manera, en muchos casos el conocimiento producido en el país se encuentra centrado principalmente en la publicación de revistas académicas lo que ha generado innumerables barreras para el aprovechamiento del mismo. Por ello, es vital revisar qué se está haciendo con este conocimiento y cómo está beneficiando al país y a la sociedad. Para esto resulta prioritario el desarrollo de sinergias por parte del Ministerio que garanticen una transferencia del conocimiento de la investigación de la academia al sector productivo y a la sociedad misma.

Desde el Centro Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario – ISUR -, venimos trabajando desde hace ya varios años en la investigación, incidencia y desarrollo de proyectos dirigidos al favorecimiento de una ciencia más incluyente. Sin duda, generar una mayor cercanía entre la ciencia y la sociedad colombiana involucra un esfuerzo por parte del sector no solo en garantizar una mayor participación de las comunidades, sino también  en fortalecer el sistema de generación y transferencia del conocimiento del país.

 

El emprendimiento social en Colombia: aproximaciones desde la regulación y la teoría

Dos leyes han sido promulgadas en los últimos años para promover el emprendimiento y el emprendimiento social en el país, respectivamente. En este artículo revisamos qué características vinculan a estos conceptos y cuáles los separan.

 

Serie Jóvenes e Innovación Social Digital (artículo 2 de 8)

 

El emprendimiento es un concepto popular en Colombia. Se menciona con frecuencia en las páginas financieras de los periódicos, en la oferta académica de las universidades, en concursos de TV, en las redes sociales y en las políticas públicas. La asociación del emprendimiento con el bienestar social está tan arraigada que el pasado Gobierno Nacional posicionó este eje como uno de los tres componentes de su Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). Y como ha quedado registrado en numerosos pronunciamientos, conferencias y tuits; el expresidente Iván Duque buscó cimentar un capital político alrededor de la promoción de estas iniciativas. El emprendimiento fue un instrumento político esencial del discurso del gobierno que recién terminó.

 

En materia normativa, dos leyes promulgadas en los últimos años son relevantes para el emprendimiento nacional. La primera es la Ley 2069 del 2020, llamada Ley del Emprendimiento, que según una editorial del boletín Analítica de la agencia iNNpulsa Colombia busca “actualizar un marco regulatorio [que provenía del 2006], por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia con el fin de apoyar el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas” (iNNpulsa Colombia, 2021). Esta ley propone, entre otras cosas, tarifas diferenciadas y simplificación de trámites para los emprendedores, facilitación de las compras públicas, educación y capacitación en habilidades emprendedoras y otros esfuerzos orientados hacia el financiamiento y la sostenibilidad de las iniciativas. La segunda ley relevante fue decretada en las postrimerías del pasado gobierno, el 8 de julio de 2022; es decir, hace menos de dos meses. Se trata de la Ley 2234 por la cual se promueve la política de emprendimiento social en Colombia. La regulación e implementación de esta ley, según la ONG RECON Colombia, ha quedado en manos del actual gobierno presidido por Gustado Petro.

 

¿Cuáles son las diferencias entre el emprendimiento y el emprendimiento social?, ¿por qué los tomadores de decisiones políticas en Colombia consideran que son campos separados y que requieren, por tanto, leyes distintas?, ¿cuáles son las bases teóricas que sustentan a estos tipos de iniciativas? Esas son algunas de las preguntas que se plantea la investigación “Jóvenes e Innovación Social Digital” que desarrolla el Centro ISUR y que forma parte del proyecto Economía Digital y Futuro del Trabajo.

 

Una discusión teórica

 

El emprendimiento, a secas, es un concepto anterior al del emprendimiento social. Quienes han estudiado los orígenes del término “emprendimiento” y de sus teorías económicas asociadas suelen citar a los economistas europeos Richard Cantillon (1680-1734) y Jean-Baptiste Say (1767-1832) como los pioneros en difundirlo. No obstante, el pensador más frecuentemente comentado es el austriaco Joseph Schumpeter quien, en palabras del sociólogo e historiador sueco Richard Swedberg, “es generalmente visto como el primer gran economista que desarrolló una de las principales teorías sobre el emprendimiento” (Swedberg, 2009). Esto gracias a su influyente obra de 1911 “Teoría del desenvolvimiento económico”, que tuvo más difundidas ediciones y traducciones al inglés en 1926 y 1934. El concepto de emprendimiento social, por su parte, es de utilización más reciente. Según una revisión bibliográfica sistemática emprendida por Wendy Phillips y otros cuatro investigadores, el emprendimiento social se volvió parte del léxico cotidiano recién a finales del siglo XX (Phillips et al., 2015). Esto pese a que las prácticas que pueden ser hoy categorizadas como propias del emprendimiento social (como la filantropía empresarial) sí tienen un largo recorrido, de aproximadamente 100 años, según los investigadores.

 

¿Qué define, entonces, al emprendimiento social?, ¿qué prácticas le son comunes? Aunque, como detalla la investigadora colombiana Nathaly Sepúlveda, hay cierta falta de consenso sobre la definición exacta del emprendimiento social debido a los diferentes tipos de procesos, formas jurídicas y objetivos que adoptan en la práctica estas iniciativas (Sepúlveda Ramos, 2018); muchos teóricos coinciden en que el emprendimiento social –a diferencia del emprendimiento comercial– tiende a privilegiar la resolución de algún problema social sobre las ganancias económicas (el lucro es visto como un medio, no como un fin) y sus promotores suelen también cumplir un rol de activistas sociales. En contraste, lo que conecta al emprendimiento social con el emprendimiento tradicional, es que ambos enfatizan la innovación; es decir, la búsqueda de nuevas y más eficientes combinaciones de los recursos que están a mano, ya sean estos financieros, legales, capital humano o materias primas.

 

Las formas legales que adoptan los emprendimientos sociales son variadas en Colombia y esa es una de las razones por las cuales quienes promueven el reconocimiento de este sector suelen exigir políticas especializadas, distintas a las del emprendimiento. Según una encuesta a 527 emprendimientos sociales realizados en el 2020 por RECON Colombia, solo el 55,2% de ellos tiene algún tipo de personería jurídica, mientras que el 44,8% están en la informalidad. De los emprendimientos sociales que sí tienen personería jurídica, la mayoría (el 71,7%) son entidades sin ánimo de lucro. Según RECON, esta figura tiene ciertas ventajas tributarias pero “implica también barreras y desafíos para las necesidades y naturaleza del emprendimiento social, ya que les impide recibir inversiones, tener socios, repartir utilidades y desarrollar estrategias comerciales para su sostenibilidad, limitando el modelo de negocio” (RECON Colombia, 2020).

 

Emprendimiento social desde las TIC y las redes sociales

 

Pese a las barreras y los desafíos advertidos por RECON, los emprendedores sociales buscan salir adelante en el país a través de distintas estrategias y mucha perseverancia. Entre estos casos –identificados en una base de datos por nuestro proyecto de investigación– tenemos a la Fundación Más por TIC, una entidad sin ánimo de lucro que busca empoderar a los agricultores colombianos a través de la innovación, el uso y el aprovechamiento de las  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En contacto con nuestro proyecto de investigación, la Fundación Más por TIC informó que desde su creación –en el 2015– ha desarrollado programas virtuales y presenciales en 17 territorios del país. A través de cursos, alianzas y asesorías, este emprendimiento social ha asesorado a 200 agricultores individuales, a 10 familias campesinas y a cuatro empresas. “Hemos promovido el ecosistema Agtech de Colombia donde actualmente hay 200 miembros y organizaciones de distintos sectores. El 70% de nuestro equipo está compuesto por mujeres y desde hace dos años recibimos ingresos. Podemos decir que somos una empresa social sostenible”, señaló a través de correo electrónico Eliana Camargo, cofundadora de Más por TIC.

 

En tanto, desde el sector textil está el emprendimiento social de Confecciones La Montaña, una marca de ropa, bolsos y accesorios creada por excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil. Aunque su modelo de negocio se concentra en la manufactura, es destacable que Confecciones La Montaña aprovecha sus redes sociales para promover el proceso de paz en Colombia. Gracias a este trabajo de activismo social, esta empresa ha consolidado una comunidad de más de 30 mil seguidores en Instagram y 13 mil en Facebook. Identificar prácticas como las de Más por TIC o Confecciones La Montaña –que involucran el aprovechamiento de las tecnologías digitales como Internet, los teléfonos móviles y sus aplicaciones– es uno de los objetivos de la investigación “Jóvenes e Innovación Social Digital”.

 

Referencias

 

    • iNNpulsa Colombia. (2021). Ley de emprendimiento en Colombia—Boletín Analítica. iNNpulsa Colombia.
    • Phillips, W., Lee, H., Ghobadian, A., O’Regan, N., y James, P. (2015). Social Innovation and Social Entrepreneurship: A Systematic Review. Group & Organization Management, 40(3), 428-461.
    • RECON Colombia. (2020). Radiografía del Emprendimiento Social en Colombia 2020—II Informe del Estado del Emprendimiento Social. RECON Colombia.
    • Sepúlveda Ramos, N. (2018). Evaluation of a Social Entrepreneurial Ecosystem: The Case of Bogotá [Thesis for MSc in Entrepreneurship and Innovation]. Universidad de Edimburgo.
    • Swedberg, R. (2009). Schumpeter’s Full Model of Entrepreneurship: Economic, Non-Economic and Social Entrepreneurship. En R. Ziegler, An Introduction to Social Entrepreneurship (p. 13405). Edward Elgar Publishing.

Jóvenes e Innovación Social Digital: una investigación desde Bogotá

Auxiliados por las tecnologías digitales, la voluntad de innovar y abundante perseverancia, muchos jóvenes deciden convertirse en emprendedores sociales en la capital. Un proyecto de investigación del ISUR viene rastreando las prácticas, fortalezas y desafíos de esta comunidad de innovación.

 

Serie Jóvenes e Innovación Social Digital (artículo 1 de 8)

 

Desde el 2019, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR) viene investigando el ecosistema juvenil de emprendimiento social e innovación digital en Colombia. Esta iniciativa –que forma parte del proyecto internacional Economía Digital y Futuro del Trabajo– tiene como objetivo entender las prácticas de emprendedores y emprendedoras jóvenes, identificar las oportunidades y desafíos que encuentran, así como también describir el entorno de instituciones y recursos que tienen a su disposición para llevar adelante iniciativas que buscan no solo generar ganancias económicas, sino también lograr un cambio positivo en sus comunidades. Para lograr estas metas, nuestro equipo de investigación se planteó las siguientes preguntas: ¿cómo están utilizando los emprendedores jóvenes las tecnologías digitales para sus proyectos?, ¿qué características tienen en común los emprendimientos sociales en materia digital?, ¿qué instituciones y recursos favorecen la innovación social en el contexto colombiano y, en particular, en la ciudad de Bogotá?.

 

Por medio de una serie de entradas, que inauguramos con este artículo, queremos compartir algunos de los hallazgos de nuestra investigación.

 

El emprendimiento social y la innovación digital en Bogotá

 

Aunque el emprendimiento social ha llamado la atención de las investigaciones académicas de forma creciente, en nuestro país no abundan los estudios especializados. Para tratar de aliviar la falta de datos locales, en noviembre del año pasado iNNpulsa Colombia –la agencia gubernamental de emprendimiento e innovación– dedicó la cuarta edición de su boletín “Analítica” a la exploración teórica del fenómeno del emprendimiento social tanto en Colombia como en otros países. En ese documento, la entidad informó que la medición del impacto de los emprendimientos sociales colombianos se había convertido en una prioridad estatal por lo que prometió iniciar “un proceso de monitoreo y evaluación mediante una plataforma de inteligencia de datos de la ruta Núcleo E, programa de iNNPulsa que marca toda la línea de emprendimiento social” (p.6). La información que proporcione en el futuro esta plataforma de inteligencia de datos será muy importante para el sector y podría ser usada, por ejemplo, para tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad financiera de los emprendedores sociales.

 

Por otra parte, gracias al trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro como RECON, sabemos que los emprendedores sociales colombianos tienen un rostro joven: el 45,5% de ellos tiene entre 18 y 35 años, según un informe elaborado en el 2020 a partir de una encuesta a 527 iniciativas económicas. Asimismo, la mayor parte de estas iniciativas se concentran en la región centro oriente y, en particular, en Bogotá. Vale la pena resaltar que buena parte de estos emprendedores dirigen sus esfuerzos hacia la atención de las necesidades sociales de comunidades vulnerables como las víctimas del conflicto armado, madres solteras, comunidad LGBTI, afrodescendientes, raizales o palenqueros, adultos mayores o inmigrantes.

 

No obstante, RECON también ha alertado sobre varios factores que juegan en contra de los emprendedores sociales. De acuerdo con el estudio de la ONG, el 83,7% no ha accedido al sistema financiero, el 44,6% no tiene personería jurídica y el 60,4% considera que el Estado no apoya a esta clase de iniciativas de innovación social. La consolidación de modelos de negocio sostenibles, como veremos en nuestros próximos artículos, es uno de los principales retos que enfrentan los emprendedores sociales en Colombia. Atender estos retos implica, por ejemplo, evaluar qué tipo de personería jurídica es la más propicia para los emprendimientos sociales (que hoy adoptan muchas modalidades en nuestro país, desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta sociedades anónimas simplificadas).

 

Ahora bien, pese a las dificultades, los emprendedores sociales son flexibles, tratan de seguir adelante y suelen reconocer el valor de la persistencia. Por ello, nuestro proyecto de investigación, llamado “Jóvenes e Innovación Social Digital”, busca aportar al estudio sobre los emprendimientos sociales analizando las prácticas vinculadas con el aprovechamiento de las tecnologías digitales como Internet, los teléfonos móviles y las aplicaciones; así como mediante la descripción de ciertas habilidades socioemocionales recomendadas por quienes ya han lanzado iniciativas al mercado. Con ese objetivo en mente, y luego de realizar una revisión bibliográfica, este proyecto desarrolló una base de datos de más de 350 actores del ecosistema de emprendimiento local. Estos actores fueron descritos y catalogados por los becarios del ISUR quienes también desarrollaron estudios de caso de algunos de los emprendimientos. Asimismo, sostuvimos entrevistas con siete jóvenes emprendedores que operan en Bogotá y quienes accedieron –voluntaria y gentilmente– a compartir sus testimonios. Algunos de ellos se dedican, por ejemplo, a capacitar en habilidades tecnológicas a personas de bajos recursos, a la producción de alimentos veganos y saludables o a la difusión de contenidos periodísticos alternativos en plataformas digitales. Nuestras entrevistas fueron realizadas entre mayo y julio del 2021, aunque los datos que suministraremos en los próximos artículos han sido actualizados hacia el 2022.

 

Acerca de la investigación

 

El proyecto Economía Digital y Futuro del Trabajo (del cual nuestra investigación local forma parte) es financiada por el Research Council of Norway y en él participan la BI Norwegian Business School, el Berkman Klein Center for Internet and Society, la Universidad de Chile y el Centro ISUR.

 

La investigación Jóvenes e Innovación Social Digital del Centro ISUR fue desarrollada de 2019 a 2022 con la participación de un investigador y coordinador principal, un investigador asistente y varios grupos de becarios (entre cuatro a siete estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario) quienes desarrollaron casos de estudio, colaboraron con el mapeo del ecosistema de emprendimiento, revisaron literatura académica y participaron en encuentros semanales de discusión.

El panorama digital tras el overturn de Roe vs Wade

Tras darse a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de reversar el fallo del caso Roe vs. Wade que reconocía el derecho a abortar de las mujeres como expresión de la libertad sexual y reproductiva que pueden ejercer en su esfera privada, varias compañías anunciaron su apoyo a las trabajadoras que pudieran verse afectadas por esta decisión. 

Dentro de las empresas que publicaron estas declaraciones, se encontraba Meta, que manifestó su intención de reembolsar los gastos en los que incurrieran las trabajadoras que tuvieran que transportarse, con el fin de acceder al procedimiento, a estados en los que se permitiera el aborto. A pesar de la presunta política empresarial de brindar ayudas a las mujeres para que pudiesen ejercer sus libertades, desde el momento en que la sentencia quedó en firme y empezó a surtir efectos, se empezaron a conocer denuncias que implicaban a Meta. 

Dentro de ellos están varios casos en los que Facebook ha eliminado publicaciones que critican el fallo del Tribunal Supremo . El más reciente caso se trata de una acusación en contra de Facebook, debido a que presuntamente la empresa entregó a la policía de Nebraska los chats de una mujer y su hija en los que mencionaban el aborto al que se sometió esta última. Aunque la preocupación principal se relaciona con los protocolos de protección a la privacidad de las usuarias de Meta, el medio que publicó la denuncia aclaró que las autoridades exigieron la entrega de las conversaciones con base en una orden. 

En la más reciente publicación del Centro ISUR, alertamos algunos riesgos en el panorama digital tras el overturn de Roe vs. Wade tales como el tratamiento de datos clínicos que las usuarias pueden transmitir en el entorno digital, ya sea en aplicaciones de mensajería instantánea, aplicaciones que recopilan datos clínicos o redes sociales; y, los riesgos que representan las políticas de las plataformas cuyas normas eventualmente pueden justificar escenarios de censura. 

Repetidamente, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos de las mujeres y de derechos humanos en internet han invitado a reconocer que la violencia machista se expresa como un continuo en el mundo digital y esto conlleva a la urgente necesidad de que las dinámicas en línea incluyan un enfoque de género que prevenga la ampliación de las violencias y que permita adoptar acciones positivas para la erradicación de todas ellas. 

Preocupaciones en el panorama digital tras el overturn de Roe vs Wade

Preocupaciones en el panorama digital tras el overturn de Roe vs Wade

La determinación estratégica de las esferas pública y privada ha sido un instrumento decisivo en la conformación de sistemas patriarcales y su dominación sobre la vida de las mujeres. Hace 50 años, la decisión de Roe vs Wade sentó un precedente trascendental para la libertad de decisión en la vida privada de las mujeres: en la década del 70, Estados Unidos logró un avance en igualdad de género, que algunos países aún no han logrado en la actualidad. Sin embargo, en pleno 2022, la Corte Suprema ha traído de vuelta la imposición de la intervención pública sobre la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, es decir, sobre su autonomía corporal. El continuo de la violencia de género y de las dinámicas de opresión hacia las mujeres es evidente en los entornos digitales; es así que, el uso de las TIC en la vida cotidiana también es impactado por la regresiva decisión de la Corte Suprema. Aunque en 1973 se privilegió la privacidad de las mujeres que decidían acceder a un aborto, en la actualidad existe un riesgo latente de que la criminalización encuentre apoyo en las vulnerabilidades de la privacidad que persisten en internet. 

El director de Fight For the Future, Evan Greer, ha alertado acerca de la preocupación común de diversas organizaciones de la sociedad civil sobre las eventuales situaciones en las que la recolección de datos de distintas herramientas tecnológicas pueda llegar a afectar de manera negativa a las mujeres que decidan ejercer su libertad sobre sus cuerpos. El director de la organización cuestionó el uso y tratamiento de los datos recopilados por las aplicaciones que tienen funciones de seguimiento del periodo menstrual. A pesar de ello, dos de las aplicaciones más usadas como Flo y Clue han dado un parte de tranquilidad a las mujeres estadounidenses aclarando que se acogen a la legislación europea: Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), que protege la información sobre la salud de las usuarias. 

La cuestión radica no solo en la legislación que rige las aplicaciones, sino en el dominio sobre los datos. La regulación del aborto según cada estado de los Estados Unidos puede variar y establecer nuevas normas que vinculen a las aplicaciones y con ello, que tal información personal deba estar disponible. El día de llegada de la menstruación, la temperatura corporal, los registros de ovulación, el peso, los síntomas a lo largo del ciclo, entre otros, tienen la naturaleza de datos sensibles que sirven de indicio del comportamiento reproductivo de las mujeres. 

Por otro lado, plataformas como Google constantemente almacenan datos relacionados con las búsquedas de los y las usuarias, que hacen posible generar perfiles basados en datos sensibles. Incluso las herramientas que permiten una navegación más segura, como el modo incógnito de los navegadores, no brindan una protección suficiente ante la vigilancia del comportamiento en la red.  Paralelamente, las herramientas de comunicación de uso frecuente como la mensajería instantánea, los mensajes de texto y las llamadas, permiten el almacenamiento de la información y la manipulación a través de estos canales. Si bien tal recolección y análisis de datos es problemático en sí mismo, son aún más preocupantes las potenciales amenazas de un escenario de regulación altamente restrictiva, en particular, de regulación criminalizadora. Pero las preocupaciones no se detienen ahí. En los últimos días usuarios y usuarias de la red han denunciado casos en los que han sido eliminadas publicaciones que defienden el derecho al aborto y que cuestionan el sentido de la sentencia. A pesar de que no hay certeza sobre las normas comunitarias que se alega que han sido violadas, la política de uso de Facebook dispone causales de eliminación de las publicaciones cuando incurren en presunta incitación a la criminalidad. Las mujeres y otras personas que se pronuncian acerca del carácter regresivo del fallo del alto tribunal son condenadas a no poder expresarse en referencia al polémico fallo, aun cuando se trata de una sentencia que va en contravía de derechos adquiridos a través de las luchas feministas y el reconocimiento de la igualdad de las mujeres. El actual conflicto no se agota en la posibilidad de prohibir que las mujeres decidan, sino que los privados se vuelven cómplices en la tarea de callar las voces de las mujeres que luchan por su libertad. 

Estas denuncias avivan un importante debate que se ha dado en los últimos tiempos. Si la libertad de expresión se limita en el discurso de odio y en la invitación a delinquir, ¿es legítima la censura de opiniones sobre un fallo judicial, cuando éste es considerado injusto?, ¿o por el contrario se trata de una censura a la legítima participación política de las ciudadanas que se ven afectadas por el fallo?  

Sin realizar un juicio de valor general sobre las políticas empresariales de colaboración con los estados, las plataformas privadas no pueden apartar el papel de internet de las dinámicas sociales actuales. Múltiples organismos internacionales han declarado en varias ocasiones el internet como un espacio de ejercicio de Derechos Humanos, tales como el de la protesta social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en afirmar que las expresiones objeto de protección no son únicamente las que sean aprobadas bajo los criterios de las instituciones estatales, sino que también son objeto de protección todas aquellas opiniones que incomoden, siempre y cuando no hagan apología a la violencia, al odio o la discriminación. 

El reciente fallo estadounidense que afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es una reafirmación de que la brecha de género existe y que permite la regresión de las libertades de las mujeres, como un instrumento de opresión y control por parte del sistema. En consecuencia, la presencia digital de las mujeres está sometida a una situación de vulnerabilidad a que los riesgos se materialicen y tengan afectaciones en la vida de las usuarias. Las alertas sobre las preocupaciones, que se extienden más allá de las mencionadas en este texto, son un llamado a que se reconozca y combata la brecha digital, de forma paralela a las luchas que se viven en el mundo físico, como una estrategia complementaria de protección de nuestros derechos. 

 

COMUNICADO: PROYECTO DE LEY ANTI-PROSTITUCIÓN CREA CENSURA SOBRE TEMAS SEXUALES

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado para que se archive el proyecto de ley 318 de 2021 de la Cámara de Representantes. Este busca establecer medidas de “protección a las personas en el flagelo de la prostitución”; sin embargo, atenta de manera grave y directa contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sexual. Existen varias razones por las que este proyecto de ley es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión:
  1. El proyecto de ley establece definiciones y prohibiciones demasiado amplias que pueden llevar a restricciones indiscriminadas sobre cualquier contenido en línea y en medios de comunicación que se refieran a cualquier asunto sexual. Por ejemplo, indica que la prostitución será entendida como la realización de “actividades de naturaleza sexual a cambio de remuneración en dinero o especie”. Esto puede llevar a restricciones sobre actividades como el modelaje webcam o expresiones artísticas. Además, el proyecto dice que “ninguna persona, entidad pública o privada, medio de comunicación, tipo o figura contractual” puede promover la prostitución. Esto puede llevar a que se dé censura previa, una hipermoralización del debate público y a restringir el pluralismo, ya que se impediría la expresión de posturas en favor del trabajo sexual o la difusión formatos que tengan algún carácter sexual. A manera de ejemplo, esto podría llevar a la prohibición de la realización y difusión de contenidos artísticos como la exposición “Mujeres Ocultas”, protegida por la Corte Constitucional en 2015, que muestra iconografía de la Iglesia Católica mezclada con genitales femeninos.
  2. Se establecen responsabilidades excesivas sobre los intermediarios de Internet, por ejemplo, plataformas de redes sociales o empresas que facilitan el funcionamiento de la red a través de la provisión de servicios como la conexión y el alojamiento, entre otros. De ser aprobado el proyecto de ley, estas compañías podrían ser sancionadas por supuestamente promover indirectamente la prostitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que estas empresas no pueden ser responsables por los contenidos que publican sus usuarios porque, de lo contrario, estas tendrían un incentivo para monitorear y bloquear contenidos de manera desmedida con el fin de evitar responsabilidades.
  3. En el mismo sentido, el proyecto de ley establece la posibilidad, en cabeza del MinTIC, de suspender totalmente a cualquier plataforma de Internet que “esté sirviendo de intermediario o que directamente ofrece o adquiere actividades sexuales”. El proyecto de ley, además, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de control, inspección y vigilancia de las redes sociales, para que estas se abstengan de promover todo tipo de contenido relacionado con una actividad sexual. Esto es problemático porque, por un lado, establece una medida que puede desencadenar en censura colateral y restringir la circulación de todo tipo de mensajes, incluso aquellos no cubiertos por la ley porque no se refieren a temas relacionados con la prostitución. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen que este tipo de restricciones solo pueden ser determinadas por jueces en el marco de un proceso con todas las garantías de debido proceso. Brindarle esta facultad a una entidad del ejecutivo no es acorde con esta garantía básica.
  1. El proyecto establece que los medios de comunicación deberán “promover en sus  campañas, contenidos y programas las consecuencias y riesgos físicos y mentales de la vulneración de las personas que realizan esta práctica y se abstendrán de permitir o promover programas que promociones directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución” . Esto es una interferencia con la línea editorial de los medios e implica su uso para imponer una postura única sobre la prostitución. Esto podría llevar a la prohibición de debates que, por ejemplo, critiquen el contenido de este proyecto de ley.
Las discusiones sobre libertades sexuales, dentro de las que se incluye la prostitución, están fuertemente conectadas con la identidad y la dignidad de las personas. El debate público sobre estos temas tiene que contar con la mayor participación de todas las expresiones artísticas, investigaciones periodísticas y opiniones, entre otras manifestaciones de la libertad de expresión. La forma en que cada quien se aproxima a la sexualidad varía de una persona a otra. Lo que es considerado como indecente, vulgar o inapropiado por alguien puede ser visto como esencial para la identidad de otros. Además, en razón de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los Estados están en la obligación de alentar a los medios de comunicación a difundir contenidos que contribuyan a la erradicación de la violencia sexual. Esto implica que los medios de comunicación tengan las más amplias garantías para difundir contenidos relacionados con la violencia contra la mujer, que incluye aspectos sexuales. Por estas razones, las organizaciones firmantes llamamos a la Cámara de Representantes que el proyecto de ley sea archivado.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Fundación Karisma. Fundación para la Libertad de Prensa. El Veinte. Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR).

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